La constitucionalización del arbitraje en el
Perú: algunas consideraciones en torno a la
relación del arbitraje con la Constitución,
los derechos fundamentales y el Estado de derecho

Por un lado se describe cómo está instituido el arbitraje en la Constitución y en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano
y por otro, prescribiremos cuáles son las consecuencias de su constitucionalización a partir de la relación que debe guardar con la Constitución, los derechos fundamentales y el Estado de derecho.

El arbitraje al ser una norma constitucional también es un parámetro de validez jurídica
(Toda norma que vulnere su contenido será inválida)
Las normas jurídicas relacionadas con el arbitraje deban ser creadas, interpretadas y aplicadas de tal manera que maximicen la virtualidad del arbitraje, siempre en armonía
Las normas jurídicas deben ser interpretadas de manera sistemática, teniendo en cuenta los diversos criterios con los que se relacionan. Por último debe existir un adecuado mecanismo de tutela procesal para hacer frente a las amenazas o lesiones que pueda sufrir el arbitraje.

Problema de la concepción
La constitución señala que la jurisdicción es una sola y se ejerce de manera exclusiva
Definición de arbitraje
Mecanismo de justicia privada donde el conflicto se resuelve o se evita a través de un tercero
Ley actual del arbitraje
Normas que regulan la colaboración judicial en la actuación de medios probatorios

Un mecanismo de justicia privada donde
el conflicto se resuelve o se evita a través de la decisión de un tercero,
elegido directa o indirectamente por las partes, que además de ser

vinculante para estas es susceptible de ser ejecutado con el auxilio de

los órganos jurisdiccionales del Estado

El Tribunal Constitucional asume un planteamiento más flexible para comprender en la definición de jurisdicción al arbitraje, cuando dice: El ejercicio de la jurisdicción implica cuatro requisitos, a) conflicto entre las partes, b) interés social en la composición del conflicto, c) intervención del Estado mediante el órgano judicial, como tercero imparcial, y d) aplicación de la ley o integración del derecho.

Ser una función que ejerce un tercero

Resolver o prevenir un conflicto intersubjetivo de intereses;

A través de una decisión impuesta y vinculante para las partes

Que pueda ejecutarse de
manera forzosa por el propio tercero que la emitió, sin necesidad de
contar con un acuerdo de las partes para que ello ocurr

El árbitro tampoco goza del imperio para ejecutar forzosamente y por sí mismo (es decir, sin que medie acuerdo de las partes) sus propias resoluciones.