CONTRATACION ESTATAL (LEY 80 DE 1993)

las personas naturales nacionales, al igual que las personas jurídicas siempre y cuando acrediten su carácter formal y los requisitos que en cada caso la contratación exija.

Entidad u organismo del Estado como extremo contratante, esta relacionado con el interés público, compromete recursos de naturaleza pública y exige.

Es el seguimiento técnico que se realiza a la ejecución de contratos de distintas tipologías, realizado por una persona natural o jurídica contratada.

La capacidad que tiene una empresa o una persona natural o jurídica de ser titular de derechos y obligaciones.

La experiencia adquirida mediante la ejecución de contratos de prestación de servicios, debe ser acreditada mediante constancias o certificaciones escritas expedidas por la entidad respectiva

Hace referencia a la aptitud de un proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato en función de su organización interna.

Los indicadores de capacidad financiera buscan establecer unas condiciones mínimas que reflejan la salud financiera de los proponentes a través de su liquidez y endeudamiento.

finalidad asegurar la eficiencia de la Administración en la actividad contractual, traducida en lograr los máximos resultados, utilizando el menor tiempo y la menor cantidad de recursos con los menores costos para el presupuesto estatal.

El principio de transparencia en la contratación estatal comprende aspectos tales como la igualdad, la objetividad junto con la neutralidad, garantía en el derecho de contradicción, la publicación de las actuaciones de la administración, la escogencia del contratista idóneo.

Se define a partir de los siguientes criterios: el precio, el plazo, el cumplimiento en contratos anteriores, la calidad, la experiencia, etc., los cuales, considerados integralmente permiten determinar la propuesta más favorable.

Es de un carácter objetivo que consiste en asumir una postura o actitud positiva de permanente colaboración y fidelidad al vínculo celebrado.

Este principio trata del deber que tienen las entidades contratantes de comunicar a los administrados la totalidad de las actuaciones que realizan dentro de los procesos de selección de sus contratistas.

El principio de igualdad implica el derecho del particular de participar en un proceso de selección en idénticas oportunidades respecto de otros oferentes y de recibir el mismo tratamiento, por lo cual la administración no puede establecer cláusulas discriminatorias en las bases de los procesos de selección, o beneficiar con su comportamiento a uno de los interesados o participantes en perjuicio de los demás.

Busca permitir el acceso al proceso licitatorio de todas las personas o sujetos de derecho interesados en contratar con el Estado, mediante la adecuada publicidad de los actos previos o del llamado a licitar.

Hace referencia a la decisión de contratar no sea el resultado de la imprevisión, la improvisación o la discrecionalidad de las autoridades, sino que obedezca a reales necesidades de la comunidad, cuya solución ha sido estudiada, planeada y presupuestada por el Estado con la debida antelación, con la única finalidad de cumplir los cometidos estatales.

Es la sujeción plena a la identificación, tipificación y asignación lógica y proporcional entre las partes intervinientes, de los riesgos o contingencias del contrato, de manera tal que la estructuración del negocio se haga sobre la base de la anticipación, lo más completa posible, de todos aquellos eventos que puedan a futuro impactar la conmutatividad.

SELECCION ABREVIADA

CONCURSO DE MERITOS

CONTRATACION DIRECTA

MINIMA CUANTIA

Son aquellos que prestan sus servicios dependientes a los organismos y entidades de que trata este artículo, con excepción de las asociaciones y fundaciones de participación mixta en las cuales dicha denominación se predicará exclusivamente de sus representantes legales.

Los que están destinados a satisfacer necesidades colectivas en forma general, permanente y continua, bajo la dirección, regulación y control del Estado, así como aquellos mediante los cuales el Estado busca preservar el orden y asegurar el cumplimiento de sus fines.

La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los municipios; los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%)

Adelantar el proceso de contratación conforme a las normas previstas

Dar a los proponentes un mismo trato

Es importante el respeto de los derechos de todas las personas, evitando vicios en el proceso.

En la contratación se presume la buena fe.

Se debe garantizar la rectitud, lealtad en todas las actuaciones.

Consiste en atender las iniciativas de la ciudadanía, organizaciones para la evaluación y control en los contratos estatales.

Remover de oficio los obstáculos formales para evitar decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos en la contratación.

Optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel de calidad en la contratación.

Impulsar oficiosamente los procesos, e incentivar el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Los contratos estatales deben ser de conocimiento publico.

Los servidores publicos seran y deben ser responsables de las actuaciones administrativas