Departamento
MAGDALENA

GRUPOS ARMADOS

El caso Giraldo (Oficina Caribe) hay que entenderlo como una trasmisión intergeneracional del paramilitarismo en la Sierra Nevada de Santa Marta, que tiene más de 40 años asociados a la violencia. El Clan del Golfo, lo define en una monografía de la Universidad del Rosario, Susana del Pilar Azula; en un ejercicio comparado entre los Zetas y el Clan del Golfo, como una Organización Delictiva Trasnacional, estructurada y que actúa con el propósito de cometer delitos graves

(principalmente narcotráfico, minería ilegal y extorsión) con miras a obtener beneficios económicos, además comete delitos en otros Estados diferentes a Colombia y el caso de la Silla, pues, es el carácter ilícito del tráfico de drogas donde hay un contexto de abandono del Estado y donde está permitida la violencia para proteger el negocio.

Los que toman las decisiones son las Organizaciones Criminales, Eso es lo que pasa en estos momentos en Santa Marta.

MINERÍA

Ilegal

De acuerdo con el Grupo de Dialogo sobre Minería en Colombia (GDIAM) la minería ilegal es la que “no dispone del correspondiente título minero vigente o de la autorización del titular de la propiedad en la que se realiza y que, además, no cumple con al menos uno de los requisitos exigidos por la ley:

la licencia ambiental, las normas laborales, ambientales, de seguridad o de salubridad industrial; la capacidad técnica necesaria o el pago de regalías o de las contraprestaciones económicas exigidas para el aprovechamiento de los recursos naturales”.

Uno de los más grandes impactos de esta actividad ilegal en el medio ambiente es el uso que se le da a las “maquinas amarillas”, o buldóceres, que los “mineros”, que se hacen llamar ancestrales (aunque esto no es más que un eufemismo para disimular la ilicitud),

alquilan hasta por dos millones de pesos al día para barrer toda la capa vegetal y de vida buscando oro, sin ningún permiso del Estado y sin respetar las zonas ambientales que están protegidas por este.

La minería ilegal en Colombia es un cáncer que mata todo lo que toca. Detrás de esta fiebre por el oro y los metales preciosos se está causando uno de los más grandes daños ambientales al país e inclusive al planeta:

desde el espacio a más de 700 kilómetros de distancia ya se pueden ver grandes desiertos de tierra que ha matado este sector ilegal en nuestro país, hectáreas y hectáreas de tierra muerta en la ciénaga, chibolo, pueblo viejo entre otros municipios en el Magdalena.

No solo la tierra está siendo afectada por la minería ilegal, también el recurso más preciado de nuestro planeta se está envenenando.

Los mineros decantan el oro con mercurio que luego es depositado en los ríos y que contamina el agua que está en contacto directo con seres vivos y que también beben las personas que viven en los municipios.

Legal

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) le otorgó una licencia ambiental a la sociedad Proyectos de Ingeniería y Geología Colombiana (Proingecol S.A.S.) y a la empresa Proacol, para explotar arenas, gravas, tierra y minerales en el río Magdalena, ignorando las peticiones de la comunidad.

Durante los años de movilización social en contra de la adjudicación de la licencia, los líderes de este movimiento han recibido amenazas de muerte, trato despectivo e instigaciones verbales, aseguran.

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

es la oficina estatal que se encarga de dirigir la política nacional en cuanto a minería, hidrocarburos e infraestructura energética. Su titular es designado por el Presidente de Colombia.

La desigualdad en el reparto de la tierra en Colombia y la consiguiente pobreza rural es la causa principal del conflicto armado que ha vivido el país durante más de cincuenta años. La concentración de la tierra en pocas manos, el poder de la agroindustria y los ganaderos, así como la preeminencia de una agricultura orientada más a la exportación que al consumo interno, hacen necesaria una reforma agraria que vaya más allá de la mera redistribución de tierras, pues el campesinado necesita una democratización del campo mediante el acceso a los insumos, al crédito y a la asistencia técnica, además de infraestructuras, educación, vivienda y sanidad. Las nuevas legislaciones agropecuarias y rurales, nacidas en el seno del proceso de paz y con el fin de gestionar la etapa posterior al conflicto armado, son incompletas, tienen muchas limitaciones y no modifican sustancialmente el origen de todos los problemas: la estructura de la propiedad de la tierra.

Consecuencias

Estos procesos dejan como consecuencias en las comunidades y en las organizaciones que no se pueden reparar. La gente pierde tierras, desplazamiento forzado y muchos dirigentes de la organización campesina victimizados.

Terrenos

El 0,1 % de las fincas que superan las 2000 hectáreas ocupan el 60 % de la tierra. En 1960 el 29 % de Colombia era ocupado por fincas de más de 500 hectáreas, en el 2002 la cifra subió a 46 % y en 2017 el número escaló al 66 %. De los 111,5 millones de hectáreas censadas, 43 millones tienen uso agropecuario, mientras que 63,2 millones se mantienen con superficies de bosques naturales. De las 43 millones de hectáreas con uso agropecuario, 34,4 están dedicadas a la ganadería y solo 8,6 a la agricultura.

La situación debería ser inversa, pues se recomienda que 15 millones de hectáreas deberían utilizarse para ganadería pero se usan más del doble. Por su parte, 22 millones son aptas para cultivar pero el país está lejos de llegar a esa cifra. Los predios de más de 1000 hectáreas dedican 87 % del terreno a ganadería y solo el 13 % agricultura. En los predios más pequeños, es decir, los menores a 5 hectáreas, el 55 % del predio se dedica a ganadería y el 45 % a agricultura.

Suelos

de los seis departamentos del Magdalena Medio colombiano están en el “limbo” En la mayoría de estos departamentos la mitad de sus suelos sufren de exceso de actividades agropecuarias. Quindío es el único en donde los campesinos y agricultores no han “depredado” tanto el suelo en la mayoría de su territorio.
Magdalena Medio: Como la subregión anterior, en esta zona la mayor parte de la superficie está en los rangos grandes, es así como para el 2004 el 7,8% de los propietarios poseen el 51,6% del área; en contraste, los pequeños propietarios poseen el 4% de la tierra y los medianos el 44,4% de la superficie.

ministerio de ambiente y desarrollo sostenible

Ministerios actuales del poder ejecutivo de Colombia. Su función, normas y directrices en materia de ambiente, biodiversidad, recursos marinos y recursos hídricos.

Zona pesquera

Para Pesquera, si no se resuelve la desigualdad en la tenencia de la tierra es imposible resolver la pobreza, pues los mayores índices están en el sector rural. Y es que a pesar de que el país ha tenido progresos significativos en los últimos años, la pobreza rural ha aumentado.