ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Conceptualmente el Arreglo Político-Administrativo es el Conjunto estructurado por reglas de derecho que rigen las competencias y los procesos administrativos; así como demás reglas institucionales menos formales en el cual se reúnen todos los actores públicos implicados en la elaboración y ejecución de la política pública. Se basa en la existencia: Una responsabilidad pública; Bajo control gubernamental directo. Es concerniente únicamente a los actores públicos

Elementos importantes para la ejecución del programa Político-Administrativo.

Se busca que el analista al realizar la evaluación lo haga en términos de calidad de los productos finales (outputs) obtenidos de las políticas realizadas.

Definen su funcionamiento

El análisis se centra en el contexto bajo el cual se fijan las otras políticas públicas. Es decir, las competencias o funciones que realizan los actores en otras políticas públicas y que define su pertenencia e interacción dentro de cada una de ellas. Pueden resultar en una ventaja u obstáculo en su concreción.

Cuando los actores de la política pública provienen del mismo departamento, dirección o ministerio.

Cuando los actores de la política pública provienen de diverso departamento, dirección o ministerio.

Sitúan al APA en su entorno

El producto de la política pública se decide de manera unilateral; ello supone el riesgo de que los grupos (objetivo, beneficiarios, finales y terciarios) se opongan a los actos de implementación.

Los productos se formulan de manera multilateral; en consecuencia, permiten administrar los posibles actos de oposición a la implementación de las soluciones previstas.

Establecen las prioridades de ejecución desde el ámbito geográfico, social y temporal.

Permiten identificar en el producto su contenido sustancial e institucional. Los elementos operacionales no se excluyen uno al otro.

Ejerce algún tipo de influencia positiva o negativa en su realización.

Ejercen una influencia positiva en su grado de realización porque el Plan de Acción es conocido por todos los actores políticos y es declarado oficial.

Desde esta realidad, existe poco apremio para el cumplimiento de los diferentes servicios a cargo y de su aplicación coordinada o puntual.

Realiza el establecimiento de prioridades espaciales o de grupos.

Contiene al conjunto de actores políticos públicos implicados como: grupos-objetivo, beneficiarios finales o grupos terciarios.

Ocurre cuando un sólo actor público o administrativo establece las prioridades del Plan de Acción.

Cuando al fijar las prioridades se incurre en algún tipo de discriminación temporal, social o geográfica.

Las situaciones que producen la discriminación son rígidas o precisas.

Cuando la discriminación es menos rígida: existe mayor margen de amplitud o incluso períodos de referencia al llevarse a cabo los Planes de Acción.

Cuando la estructuración de las interacciones entre actores responsables es clara.

Cuando en su implementación no existen novedades estructurales (organizacionales ni procedimentales).

El análisis debe identificar si existe un vínculo formal entre el Plan de Acción, el uso de un recurso destinado por determinada administración y la implementación de una medida particular para un grupo-objetivo prioritario.

Identifican el conjunto de actividades y decisiones administrativas de aplicación e incluso las decisiones de tribunales administrativos.Asimismo, la elaboración de los perfiles de productos de implementación deben considerar seis dimensiones:Perímetro de los actos de implementación finales, es el nexo directo entre las prioridades establecidas en el Plan de Acción y los actos producidos en el ámbito de distribución temporal y socio-espacial;Nivel de contenido institucional, permite la formulación del enunciado evaluativo acerca de los impactos y efectos de la política pública en cuestión;Nivel de formalidad de las acciones, analiza la afectación en los costos de producción, modalidades de negociación y contenido institucional de la política pública.Carácter final de las acciones, distingue entre actos intermedios (no destinados al grupo-objetivo) con los actos generales y concretos.Coherencia interna del contenido de la política, analiza la coherencia y reforzamiento mutuo de los actos producidos en una sola política pública para aplicarse a los grupos-objetivos y orientar su conducta.Coordinación con los actos de otras políticas públicas, es aquella que se da al implementar en un grupo-objetivo dos políticas públicas diferentes.

Identifica el criterio a utilizarse en el análisis:Efectividad, es la capacidad de la política para modificar la conducta del grupo-objetivo y así alcanzar sus metas.Eficacia, mide el nivel en que la política logra mejorar la situación de los beneficiarios finales.Eficiencia, se da en la asignación de recursos y la cuantificación del costo-beneficio de la política.Pertinencia, es el nexo entre los objetivos definidos en el PPA y la naturaleza y presión del problema.

Distinción entre lo científico y político de la evaluación de políticas públicas.

Se hace de acuerdo a las finalidades de la evaluación. Es recapitulativa cuando reconoce puntos a mejorar y adoptar dentro de una política ya analizada. En tanto, los enunciados formativos buscan mostrar los logros de una política pública.

Se hace en atención al momento en el cual se hace la evaluación de la política pública. En este sentido:Ex ante, cuando se realiza previamente a la ejecución;Concomitante, si se hace durante su ejecución;Ex post, se lleva a cabo cuando se ha terminado la aplicación de la política.

Es global cuando en los enunciados se incluye todas las medidas previstas en el Plan de Acción. Mientras son parciales cuando se hacen sobre un sólo instrumento ejecutado del mismo plan.

Este tipo de enunciaciones desde la visión formal se hacen cuando la evaluación parte de una solicitud hecha y financiada por los actores políticos. Por otro lado, la evaluación informal se lleva a cabo por una consultoría o un investigador.

El aspecto de la enunciación institucional requiere atención a condiciones a reglas definidas en relación al contexto político administrativo de la evaluación, de su proceso y de los actores que la llevan a cabo. Mientras la enunciación sustancial se hace atendiendo a la importancia de la política pública para los grupos que están inmersos en su aplicación.