Principios para el uso legítimo de la fuerza.

Solo se puede usar la fuerza cuando esté permitido por la ley, reglamentos o protocolos oficiales.

Siempre debe haber un objetivo legítimo.

El uso de la fuerza debe estar alineado con los derechos humanos internacionales.

Solo se debe de la usar fuerza cuando no hay otra opción para proteger la vida o integridad.

Se debe evitar que el conflicto o amenaza se agrave.

El uso de la fuerza debe terminar cuando ya no sea necesario.

Se debe tener en cuenta que el uso de la fuerza es excepcional, y las instituciones deben preparar a su personal para actuar solo si es estrictamente necesario.

Se busca un equilibrio entre la fuerza utilizada y el daño o amenaza que presenta la persona.

La fuerza no debe ser excesiva en relación al delito o peligro.

Se evalúa caso por caso, considerando:

La gravedad de la amenaza

La actitud o forma de actuar de la persona intervenida

El entorno o contexto

Los medios disponibles por el servidor público

Toda acción debe planificarse para evitar daños o al menos reducirlos al mínimo.

Si es posible, se debe ralentizar el contacto para evitar violencia, siempre que no se ponga en riesgo a nadie.

Se debe tener cuidado especial con niños, adolescentes y grupos vulnerables.

Este principio complementa la necesidad y la limita.

Se prohíbe cualquier acto de violencia innecesario o desproporcionado.

Solo se puede usar fuerza letal contra personas que representen una amenaza real e inminente de muerte o daño grave.

Está prohibido usar la fuerza con discriminación por razones personales o sociales, como:

Edad

Sexo

Identidad de Género

Identidad Cultural

Religión

Estado Civil

Salud

Discapacidad

Todo servidor público que haga uso de la fuerza debe estar bajo control y rendir cuentas.

También aplica a toda la cadena de mando, desde quienes dan las órdenes hasta quienes las ejecutan.