Constitución de la Provincia de Mendoza
Sanción
3 de noviembre de 1916
Promulgación
11 de noviembre de 1916
Reformas
No ha sido reformada desde 1916, aunque hubo intentos (por ejemplo en 1994 y 2008)
Estructura
Preámbulo
Parte Dogmática
(Artículos 1 al 32 aprox.) Contenido: Derechos, garantías, deberes de las personas, principios republicanos y democráticos
Derecho a la vida, a la propiedad, a la educación, a peticionar ante autoridades
Igualdad ante la ley
Derecho al trabajo
Protección de la familia, salud y cultura
Garantías judiciales y políticas
Parte Orgánica
(Desde el Art. 33 en adelante) Contenido: Organización y funcionamiento del Estado provincial
Poderes del Estado:
Poder Ejecutivo
Gobernador y Vicegobernador elegidos por voto popular
Mandato actual: 4 años sin posibilidad de reelección inmediata
Poder Legislativo
Bicameral
Cámara de Senadores
Cámara de Diputados
Función: sancionar leyes, controlar al Ejecutivo, aprobar presupuestos
Poder Judicial
Corte Suprema de Justicia de Mendoza
Jueces designados con acuerdo legislativo
Otras instituciones:
Tribunal de Cuentas
Fiscalía de Estado
Defensoría del Pueblo (no incluida originalmente, pero se discute su creación)
Régimen municipal: autonomía municipal, intendentes y concejos deliberantes
Disposiciones Transitorias
Establecen mecanismos para el paso del régimen constitucional anterior al nuevo
Son utilizadas también como cláusulas de interpretación o aplicación inmediata de derechos
Características
Es una de las constituciones provinciales más antiguas aún vigentes sin reformas
Régimen republicano, representativo y federal
No permite la reelección inmediata del gobernador
Reconoce derechos individuales y sociales
Establece independencia de poderes
Base legal para leyes y normas provinciales
Otorga autonomía municipal
Reforma Constitucional
Requiere
Declaración de necesidad de reforma (ley sancionada por los 2/3 de ambas cámaras)
Convocatoria a Convención Constituyente
Aprobación del pueblo mendocino
Intentos de reforma
1994, 2008, 2020: Intentos de reforma parcial (por ejemplo, para permitir la reelección del gobernador), pero no prosperaron
En 2020 se discutió una posible actualización total, pero fue rechazada por falta de consenso político