VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN

VERDAD

Se creó la comisión de la verdad y reconciliación (CVR) con el fin de elaborar un informe sobre la violencia armada interna, aportar un incremento a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y brindar una solución a las víctimas.

La comisión de la verdad ha impulsado el reconocimiento de las víctimas más perjudicadas, teniendo un enfoque étnico, de género, psicosocial, dimensión cultural, niñas y niños, jóvenes, persona mayor y discapacidad.

JUSTICIA

La Jurisdicción Especial para la Paz es un factor creado por el Gobierno Nacional y las Farc, cuyo principal propósito es dirigir la justicia transicional y conocer los delitos incurridos durante el conflicto armado hasta el año 2016.

La justicia transicional surge de la reparación para las víctimas. Reconoce su dignidad como ciudadanos y como seres humanos.

Decisiones políticas:

• Características del crimen y quien lo ejecuta.

• Propósito final de quien ejecuta el crimen.

• Ejecutar sanciones a funcionarios públicos.

• Acciones concretas para quienes se encuentren culpables en el numeral 3.

• Características para que una persona sea víctima.

• Subsanar la afectación a las víctimas.

Decisiones administrativas

• Retenciones no permitidas.

• Fallos dados previamente.

• Selección personalizada de quienes dirimirán los casos.

• Tribunales especiales.

• Selección de acusados.

• Demora en fallos.

• Retroactividad de la norma.

• Penas más moldeables.

• Menor tiempo en los tiempos de prescripción.

• Carencia de derechos cuando no se está de acuerdo.

• Modificación en la prescripción.

• Falta de procedimientos.

• Presunción de inocencia o delictividad.

• Culpabilizar colectivamente.

DIVISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas: es un elemento que implementa planes de búsqueda, recolectando información, contrastando versiones de la verdad y participando junto con familiares de desaparecidos en los procesos.

Según el reporte de Indepaz en el 2016 se registraron 97 casos y en 2017 hubo 159, y para el 2018 se presentaron 226 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos asesinados en 112 municipios del país.