La situación educativa en Colombia enfrenta múltiples desafíos que afectan tanto a los docentes como a los estudiantes. Los maestros, tradicionalmente vistos como administradores del currículo, han visto su rol reducido a meros dispensadores de contenidos debido a una revolución pedagógica y la tecnificación educativa.
En Colombia, el gasto social medido como porcentaje del PIB ha aumentado en poco más de 5 puntos porcentuales en los últimos 20 años.
EQUIDAD
En relación con la equidad, tema de este seminario, la expansión relativa en cobertura y eficiencia interna no ha tenido efectos sobre la equidad. El informe de PREAL permite afirmar que, en general, los más ricos reciben más educación que los más pobres, que los más pobres tienen menos acceso a la educación, que los estudiantes más pobres y de las zonas rurales repiten más cursos y abandonan los estudios con más frecuencia y son los peor librados en las evaluaciones nacionales.
CALIDAD
Ya se ha visto que hay problemas serios en cobertura y eficiencia interna que afectan la materialización y el ejercicio pleno del derecho a la educación de niños y niñas. Pero aún si esto se lograra plenamente, quedaría pendiente el tema de la calidad de la educación que reciben estos niños. Como anota Preal, “los estudiantes colombianos no están recibiendo una educación de calidad que les ayude a enfrentar los retos que plantea la vida fuera de la escuela. A pesar de todos los esfuerzos realizados por el país en los últimos años, los resultados de las evaluaciones nacionales e internacionales son muy bajos”.
COBERTURA
Como señalan diversas fuentes, PREAL/Fundación Corona/CORPOEDUCACIÓN (2003), Robledo (2005), Garay y Rodríguez (2005), durante los últimos diez años ha aumentado el número de niños, niñas y jóvenes que van a la escuela, especialmente en preescolar y secundaria, y se han realizado acciones importantes para mejorar la calidad del servicio de la educación. No obstante, los esfuerzos aún no son suficientes. Todavía el 8% de la población colombiana (3,5 millones de personas) es analfabeta, y en la zona rural 18 de cada 100 personas no han recibido ningún tipo de educación. Solamente el 33% de los niños y las niñas que entran a básica primaria se gradúan como bachilleres, tardando en promedio doce o trece años para cursar once grados. Los niños y jóvenes de las familias más pobres y de las zonas rurales tienen menos posibilidades de acceder a la escuela y de concluir exitosamente sus estudios.
EL CONTEXTO POLÍTICO EDUCATIVO
A pesar de estas consideraciones críticas, se debe reconocer la importancia de la convocatoria a consultar la construcción de un documento indicativo sobre el Plan Decenal de Educación 2006 – 2015 que, aunque no constituye, como lo reconoce la misma convocatoria, un intento de construcción de política pública, si abre un escenario inicial para un acuerdo nacional posterior que concrete el “pacto social y el mandato ciudadano” que lleve a la formulación de una política de estado que recoja y actualice los temas concertados entre el Estado y la sociedad civil en el pasado, a propósito de la expedición del Plan Decenal y la Ley 115, y las actuales demandas de los actores educativos que reclaman su reconocimiento como sujetos activos de política pública. En este sentido, el actual PDE no puede ser solamente un instrumento para prolongar la actual política de “revolución educativa” que ha provocado un importante descontento y rechazo entre las organizaciones sindicales, las redes de maestros y maestras, el magisterio organizado y sectores representativos de la academia, la intelectualidad, las instituciones educativas y de formación de maestros, así como de diversas organizaciones comunitarias y de base. Por el contrario, debe constituirse en un pacto social efectivo por el derecho a la educación y la defensa y el fortalecimiento de la educación pública entendidas como bien social patrimonio común.
En el gobierno de César Gaviria (1990-1994) se implementó el Programa de Ampliación de la Cobertura y Mejoramiento de la Calidad de la Educación Secundaria –PACES-, caracterizado por subsidios a la demanda en colegios privados. Durante esta administración se aprobaron la Ley 115 de 1994 o Ley General de Educación, la Ley 30 de 1992 que organiza el servicio público de la educación superior y la Ley 60 de 1993 de Distribución de competencias y recursos entre los diferentes entes territoriales del país, junto con un número importante de decretos reglamentarios. Como se dijo antes, la política de “Apertura Educativa” significó la introducción abierta y sustentada del enfoque neoliberal a la educación.
En 1996, durante el gobierno de Ernesto Samper se diseñó el Plan Decenal de Educación con la idea de garantizar continuidad y coherencia durante el período 1996-2005. Hoy, 10 años después, se puede decir que no se aplicó y se discute un nuevo Plan Decenal cuya elaboración fue convocada por el Ministerio de Ecuación Nacional acudiendo a una convocatoria basada en una metodología fundamentalmente virtual, a diferencia de lo ocurrido en el proceso que llevó al Plan Decenal de Educación 1996 – 2005. Durante este período también se promovieron los Planes Educativos Departamentales –PED-, Municipales –PEM- e institucionales –PEI-.
La Constitución Política de 1991 abrió la posibilidad de hacer de la educación un derecho exigible en términos de obligatoriedad y gratuidad. Los planes de desarrollo de los últimos gobiernos han hecho énfasis, para la educación preescolar y básica, en el aumento de la cobertura, la focalización, el mejoramiento de la calidad y la evaluación por competencias.
POLITICA PÚBLICA EDUCATIVA.
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA
preescolar de tres grados, básica, media especializada, técnica, escuelas normales, jornadas nocturnas, educación rural, adultos, especial y etnoeducación.
Jornada Única con sustentación pedagógica determinada por los órganos de gobierno en el marco de la autonomía y la democracia escolar. La jornada única debe atender las realidades de los contextos, con todas las condiciones previas requeridas en materia de infraestructura, dotación, tecnología, planta de personal, servicios públicos, alimentación, transporte escolar y en condiciones dignas para la comunidad educativa. El Gobierno Nacional debe garantizar en cada establecimiento educativo las condiciones para el funcionamiento de la jornada única, donde éstas no se cumplan se suspenderá.
FINANCIACIÓN DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA:
definir la propuesta y mecanismo para concretar la Reforma Constitucional del Sistema General de Participaciones S.G.P., de tal manera que se aumenten y garanticen los recursos necesarios para materializar el derecho fundamental a la educación desde el preescolar de tres grados hasta la educación media en establecimientos educativos públicos, gratuita, obligatoria, administrada y financiada por el Estado.
LA SITUACIÓN DEL MAESTRO
Finalidad de las orientaciones de los docentes en las diversas áreas del conocimiento.
Para ninguno de nosotros como docentes, es desconocida la función que tenemos como administradores del currículo, entiéndase dispensadores de contenidos de una disciplina, controladores de tiempos y espacios, juzgadores de la memorización de contenidos y de conductas disidentes, a que fue reducida la acción del profesor por obra y gracia de una revolución pedagógica, el tecnologismo educativo y sus ciencias de la educación. Esta revolución funcionó con la consigna de la realización de programas a prueba de profesores.
