LA DISPUTA POR LA HISTORIA EN EL MÉXICO INDEPENDIENTE

Constituían uno de los poderes más importantes tras la Independencia, no solo por su vasto patrimonio, sino por la influencia que ejercían en la sociedad.

Buena parte de la antigua aristocracia que venía de Nueva España favorecía un régimen constitucional, con división de poderes y que estableciera reglas claras para sus negocios, sin tener que enfrentar medidas arbitrarias como las de los monarcas absolutos.

Los grandes comerciantes, españoles, mexicanos y pronto de otros países, también favorecían un régimen constitucional, con división de poderes y que garantizara la protección de sus negocios. Interesados en la libertad de comercio exterior y la supresión de impuestos al tráfico de productos dentro del país (las famosas alcabalas), no dudaron en financiar a militares que se rebelaran contra los gobiernos cuando estos decidían proteger la industria.

Rancheros, pequeños mineros de las provincias, empresarios y propietarios en ciudades pequeñas fueron los principales promotores de los derechos de los estados y del federalismo.

El ejército era el único grupo que, en caso de no ver beneficiados sus intereses, prefería hacer a un lado la Constitución y gobernar mediante otros instrumentos legales.

Abogados, eclesiásticos, maestros de primeras letras, boticarios y médicos, entre otros, formaban un grupo pequeño pero muy activo políticamente.

También eran un grupo pequeño, pero de mucho peso. En las ciudades, se convirtió en el elemento principal de movilización popular. Eran proteccionistas; apoyaron tanto propuestas monárquicas como centralistas y federalistas, siempre y cuando se garanticen derechos constitucionales y su supervivencia.

Ellos constituían la mayor parte de la población del país. Se trataba del grupo que más promovía el autogobierno local.