によって Chrys Fernandez 2年前.
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Artículo 65
Las empresas privadas de telefonía están obligadas también a permitir que se usen sus equipos e instalaciones para la práctica de las diligencias de investigación antes señaladas.
En los casos de investigación de los delitos de delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, previa solicitud razonada del Ministerio Público, el juez de control podrá autorizar a éste el impedir, interrumpir, interceptar o grabar comunicaciones y otros medios radioeléctricos de comunicaciones, únicamente a los fines de investigación penal, en concordancia con el artículo 6 de la Ley sobre Protección a la Privacidad de las Comunicaciones y de acuerdo a las normas establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal.
Artículo 64
Las autoridades competentes por intermedio del Ministerio Público podrán disponer o aplicar con autorización del juez de control, las medidas especiales siguientes
4. Cualquier otra medida similar que favorezca la prevención, persecución y sanción de los delitos establecidos en esta Ley.
3. Pruebas de ácido desoxirribonucleico (ADN), biométricas, antropométrica, evaluaciones médico psiquiátricas.
2. Inmovilización de cuentas bancarias u otros instrumentos financieros.
1. Intercepción de las comunicaciones, correos electrónicos y de correspondencias.
Para el enjuiciamiento de los delitos de delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, se seguirá el procedimiento establecido en el Código Orgánico Procesal Penal, los previstos en esta Ley y demás normas aplicables.
Artículo 60
En caso de devolución, los gastos ocasionados por el mantenimiento y conservación del bien correrán a cargo de su titular.
En todo caso, transcurridos treinta días contados a partir de la consignación del cartel, sin que quienes tengan legítimo interés sobre el bien lo reclamen, se considerará que opera el abandono legal y el juez acordará el decomiso y pondrá el bien a la orden del órgano rector o al Servicio Especializado para la Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados, Decomisados y Confiscados.
Luego de que hayan transcurrido 6 meses de finalizado el proceso penal, con sentencia absolutoria, sin que el titular del bien proceda a su reclamo, el fiscal del Ministerio Público solicitará al tribunal de control, su decomiso.
A tales efectos, el tribunal de control ordenará al órgano rector que notifique, mediante un cartel publicado en un diario de circulación nacional indicando las causas de la notificación y consignará en los autos del tribunal la página del diario en que hubiere aparecido el cartel.
Artículo 58
Cuando la decisión del tribunal de control mediante la cual decreta el decomiso, se encuentre definitivamente firme, el bien pasará a la orden del órgano rector o al Servicio Especializado para la Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados, Decomisados y Confiscados.
Si el legítimo interesado no se presenta a la audiencia convocada por el tribunal, sin causa debidamente justificada, se declarará desistida su oposición y se decretará el decomiso del bien.
Contra dicha decisión no se admitirá recurso alguno.
En caso de haberse promovido medios probatorios, el juez convocará a una audiencia oral, que se celebrará dentro de los 8 días siguientes a la publicación del auto respectivo.
La decisión que dicte el juez es apelable por las partes, dentro de los 5 días siguientes.
Al término de la audiencia el juez decidirá de manera motivada.
En la audiencia el fiscal del Ministerio Público y el legítimo interesado, expondrán oralmente sus alegatos y presentarán sus pruebas.
Si existe oposición, el juez notificará al fiscal del Ministerio Público, para que dentro de los 5 días siguientes a la notificación, conteste y consigne pruebas.
Esta incidencia no interrumpirá el proceso penal.
Si no se ha presentado medio probatorio alguno o si el punto es de mero derecho, el juez decidirá sin más trámites de manera motivada dentro de los 3 días siguientes al vencimiento del término anterior.
Dentro de los 30 días siguientes a la publicación del cartel, los legítimos interesados deberán consignar ante el citado tribunal de control, escrito debidamente fundado y promover los medios probatorios que justifiquen el derecho invocado.
Transcurrido el referido lapso, sin que los legítimos interesados hayan hecho oposición alguna, el juez decretará el decomiso del bien.
Luego de que hayatranscurrido un año desde que se practicó la incautación preventiva sin que haya sido posible establecer la identidad del titular del bien, autor o partícipe del hecho, o éste lo ha abandonado, el fiscal del Ministerio Público solicitará al tribunal de control su decomiso.
A tales fines, el tribunal de control ordenará al órgano rector que notifique mediante un cartel publicado en un diario de circulación nacional, el cual indicará las causas de la notificación, procediendo a consignar en el expediente respectivo la página en la cual fue publicado el cartel.
10. Las personas naturales y jurídicas, cuya actividad económica sea
j. los establecimientos destinados a la compra, venta, comercialización y servicios de teléfonos celulares nuevos y usados.
i. los establecimientos destinados a la compra y venta de repuestos y vehículos usados.
h. las empresas de compra y venta de naves, aeronaves y vehículos automotores terrestres.
g. servicio de asesoramiento en materia de inversiones, colocaciones y otros negocios financieros a clientes, cualquiera sea su residencia o nacionalidad.
f. servicios de arrendamiento y custodia de cajas de seguridad, transporte de valores y de transferencia o envío de fondos.
e. marina mercante.
d. comercio de objetos de arte o arqueología.
c. comercio de metales y piedras preciosas.
b. construcción de edificaciones (centros comerciales, viviendas, oficinas, entre otros).
a. compraventa de bienes raíces.
9. Los abogados, administradores, economistas y contadores en el libre ejercicio de la profesión, cuando éstos lleven a cabo transacciones para un cliente con respecto a las siguientes actividades.
e. creación, operación o administración de personas jurídicas o estructuras jurídicas, y compra y venta de entidades comerciales.
d. organización de aportes para la creación, operación o administración de compañías.
c. administración de cuentas bancarias, de ahorro o valores.
b. administración del dinero, valores y otros activos del cliente.
a. compraventa de bienes inmuebles.
8. Oficinas subalternas de registros públicos y notarias públicas.
7. Las organizaciones con fines políticos, los grupos de electores, agrupaciones de ciudadanos y ciudadanas y de las personas que se postulen por iniciativa propia para cargos de elección popular.
6. Las fundaciones, asociaciones civiles y demás organizaciones sin fines de lucro.
5. Los hoteles, empresas y centros de turismo autorizados a realizar operaciones de cambio de divisas.
4. Las personas naturales y jurídicas, cuya actividad se encuentra regulada por la ley que rige el sector de bingos y casinos.
3. Las personas naturales y jurídicas, cuya actividad se encuentra regulada por la ley que rige el sector valores.
2. Las personas naturales y jurídicas, cuya actividad se encuentra regulada por la ley que rige el sector asegurador.
1. Las personas naturales y jurídicas, cuya actividad se encuentra regulada por la ley que rige el sector bancario.
Asimismo, contribuirá con la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo en el diseño, planificación y ejecución de las estrategias del Estado en materia de prevención, supervisión y control de la legitimación de capitales y del financiamiento al terrorismo y la cooperación internacional en esta materia.
La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera es un órgano desconcentrado con capacidad de gestión presupuestaria, administrativa y financiera, dependiente jerárquicamente del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de planificación y finanzas.
Es una oficina nacional, con capacidad de gestión presupuestaria, administrativa y financiera, dependiente jerárquicamente del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de relaciones interiores y justicia.
Es el órgano rector encargado de diseñar, planificar, estructurar, formular y ejecutar las políticas públicas y estrategias del Estado contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, así como de la organización, control y supervisión en el ámbito nacional de todo lo relacionado con la prevención y represión de dichos delitos, y también la cooperación internacional en esta materia.
