En Costa Rica, la educación es considerada un derecho esencial, regulado tanto por la Constitución Política como por diversas leyes específicas. El Ministerio de Educación Pública, bajo la Ley Orgánica 3481/
Constituye el marco jurídico que norma la protección de los derechos de las personas menores de edad. Establece principios fundamentales tanto de participación social como de procesos administrativos y judiciales. Capítulo V (Derecho a la educación), artículos 56 y 57.
Ley orgánica del Ministerio de Educación Pública
Ley 3481/1965. Delimita la competencia del Ministerio de Educación Pública, a cuyo cargo queda la administración de aspectos relacionados con la educación y la cultura. Contempla los artículos 2, 3 y 5.
Código de educación. Ley 181
Reglamenta la aplicación de la Ley General de Educación. Contempla el Capítulo VIII (Deberes de los maestros) Artículo 120
Ley fundamental de Educación. Ley 2160
Establece los principios fundamentales de la educación en Costa Rica, así como su estructura y organización. Contempla en artículo 1, 2 y 3.
Constitución Política de Costa Rica
TÍTULO VI, LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA Contempla los artículos 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 83.
Compromisos internacionales
La Educación: un derecho de todas y todos
Compendio de normas acerca del derecho a la Educación de la población migrante y refugiada.
Leyes específicas
Financiamiento del sistema educativo, profesión y trabajo docente, entre otras.
Convenio centroamericano sobre unificación básica de la educación
Artículo 10: comprende los niveles y el Artículo 27: comprende el Plan de Estudios.
CAPÍTULO I DE LA EDUCACIÓN GENERAL. Artículo 1: la educación es función primordial del Estado y este debe ofrecer el máximo de oportunidades para adquirirla.
Agenda Mundial Educación 2030
Con una visión inspirada en la concepción humanista expresa: "Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos"
Educación como un derecho
La normativa nacional e internacional establece que todo niño, niña o adolescente que habite en Costa Rica tiene el derecho y la obligación de acceder a la educación sin importar su nacionalidad, el país de origen ni grupo étnico. Este derecho es irrestricto y no se puede limitar, por ningún motivo.