La reciente política económica se enfoca en eliminar los privilegios ilícitos y fomentar la libertad laboral bajo un marco legal. Se busca una distribución justa de los recursos, priorizando a los más necesitados para combatir la pobreza y mejorar el bienestar del país en su totalidad.
Sustitución del indicador PIB por el bienestar como análisis económico.
Distribución equitativa de ingreso y riqueza.
Favorecimiento de todos los sectores de la población, es decir, bienestar para el país entero.
Austeridad
Compras realizadas por el gobierno bajo la coordinación y consolidación de Hacienda.
Reorientar los presupuestos dispersos a los programas significativos y de alto impacto social y económico.
Evitar gastos inútiles destinados a la investigación de corrupción.
Honestidad
Implementar como grave el delito de la corrupción en la Constitución, negando así la fianza a los presuntos implicados en ello.
Reducción del robo de combustible.
Eliminación de condonación de impuestos por influyentismo a grandes contribuyentes.
Justicia
Libertad de laborar en lo que convenga y se prefiera, bajo las normas de legalidad.
Desaparición de privilegios de población que obtiene sus recursos de manera ilícita y /o explotadora como funcionarios del gobierno.
Distribución de los recursos a a población dando preferencia a quiénes más lo necesitan para brindar oportunidades de crecimiento y dar un golpe a la pobreza.
Democracia
La sociedad a cargo de las decisiones del gasto público democráticamente.
Aumento considerable de la cultura democrática.
Disminución de corrupción, ineficiencia y desperdició de recursos por parte del órgano administrativo gubernamental