av Sergio Catalfamo för 3 årar sedan
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Largo de todo el siglo XX
Se fueron cargando de contenido, se significaron y resignificaron, de manera que hablar de ellos sea hablar de democracia, participación e inserción social.
El objetivo aquí es dar cuenta de cómo se ha significado una de las funciones más discutidas y desjerarquizada de la universidad:
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
El planteo de la extensión universitaria en el clima reformista de época se presenta como la posibilidad de vincular la institución universitaria al pueblo o al medio social en el que se halla inserta, ya que es parte de ese medio, no puede aislarse, no es una entidad por fuera sino que ha tenido diversos intereses hacia adentro y hacia afuera que hacen que esas vinculaciones hayan sido diferentes a lo largo del tiempo.
Una proyección al pueblo de la cultura universitaria, que pretende fortalecer la función social de la universidad como institución y la preocupación de la misma por los problemas nacionales.
Se reconfiguró a lo largo del tiempo, con argumentos y discursos diferentes, a medida que se modificaba también la función política de la universidad.
Afectada por la inestabilidad democrática que sufrió el país durante el siglo XX
En 1930, con la interrupción institucional que significó el golpe de Estado, los principios alcanzados tras la reforma fueron censurados, y por ende el impulso de la extensión también.
En 1947 por primera vez, la extensión dentro de un texto normativo: la Ley Universitaria N° 13.031, la cual no sólo ordena la realización de cursos de extensión universitaria, sino que además define el sentido que se le imprime, al precisar a los destinatarios de los mismos como “el pueblo”.
Luego del golpe de Estado de 1955, se modifica rotundamente el papel de las universidades y la extensión universitaria desaparece de los textos normativos. A poco tiempo del golpe, las autoridades implantaron nuevamente la Ley Avellaneda y luego el Decreto-Ley N° 6.403 que, contradiciendo la tradición de los golpes militares, reorganizó las universidades de acuerdo con los principios de la Reforma Universitaria de 1918.
Luego del golpe de Onganía, instaurado en 1966, se sancionó el denominado Estatuto de la Revolución Argentina, entre cuyos objetivos se encontraba la modernización de las universidades nacionales. Sin embargo, el régimen no logró limitar la politización creciente de la vida académica ni el cuestionamiento que, desde el estudiantado, se hacía a la inadecuación de la universidad a los problemas del país y a las necesidades de las clases populares, bregando por fortalecer el compromiso social de los universitarios con estas últimas.
En la década del 70, y reafirmando de algún modo el ideal rector reformista, las universidades se impregnaron de las corrientes filosóficas y pedagógicas de la época, siendo la más destacada la propuesta de Paulo Freire que mencionamos anteriormente, que se tradujo en una activa política de extensión, desde una modificación significativa en el modo de concebirla y por tanto, en las acciones que pretendía llevar a cabo.
Con el golpe cívico-militar de 1976, las universidades pasaron a ser consideradas un “reducto de adoctrinamiento subversivo” y por tal motivo se puso en marcha un estricto sistema de control ideológico y político, al mismo tiempo que se eliminaron el debate y la confrontación de ideas.
A partir de la década del 80 y más fuertemente del 90, aparecen en las universidades nacionales concepciones economicistas y privatizadoras que plantean a la educación como un bien de mercado o comerciable
Políticas públicas: el financiamiento de la educación, enmarcado en un proceso de reforma del Estado que transformó la relación entre las instituciones estatales de planificación, distribución y control presupuestario, generando fuertes impactos en la gestión política, administrativa y económica financiera de las universidades nacionales
En 1995 se sanciona la Ley de Educación Superior N° 24.521, que entre otras cuestiones, define las funciones básicas respecto de la Extensión Universitaria
Estado
De benefactor a un Estado evaluador
La Secretaria de Políticas Universitarias y la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU)
Comienza a hablarse de responsabilidad social universitaria, en muchos casos haciendo un paralelo con la responsabilidad social empresarial
A partir de esta época, podemos afirmar que se superan los momentos en que la extensión universitaria se limitaba a conferencias y cursos, para pasar a forjar acciones concretas de intervención en la sociedad a partir del trabajo comunitario de los estudiantes
Para el tema de la función social, es a partir de la imposición de dicha norma que se institucionaliza la extensión universitaria, generando una nueva estrategia que implicaba que la universidad se trasladara a dar los cursos en espacios extra universitarios.
No la podemos pensar, desde lo discursivo, por fuera de su carácter abierto y contingente, es decir producida en un determinado contexto, disputada y transformada en formaciones discursivas concretas.
La función de extensión ha tenido varios sentidos que mantienen en disputa la propia configuración de su identidad: difusión cultural, transferencia, servicios a terceros, espacio de actualización de profesionales y docentes, vinculación tecnológica, articulación social, vinculación territorial, actividades socio-comunitarias, entre otras.
Signados por el dogmatismo, el atraso científico y un sectarismo elitista con base en el dogmatismo católico.
Ordenaba la organización institucional y la sanción de estatutos universitarios
Existían en nuestro territorio cinco universidades. Tres de ellas nacionales • Córdoba (1613) • Buenos Aires (1821) • La Plata (1905) Dos provinciales • Santa Fe (1889/1890) • Tucumán(1914)
Instauró un modelo universitario que se consolidó a través de estos cien años de historia.
