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luonut Calixto González

Mecanismos de solución de conflictos.

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Estado Mexicano

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La Ley Sarbanes-Oxley

luonut Andrea Cecilia Franco Ramirez

. Disolución y liquidación

En otras palabras, dado un procedimiento de disolución y liquidación del patrimonio sometido a concurso –sea por acuerdo adoptado en Junta de Acreedores o por disposición de oficio de la autoridad concursal– en virtud del fuero de atracción, todo crédito existente frente al patrimonio concursado, devendrá, excepcionalmente, a la fecha de su reconocimiento por la autoridad concursal respectiva, en crédito concursal o estructural, sometido a las mismas reglas de juego de aquellos otros que lo fueron –según la regla general establecida en el artículo 32º de la LGSC– desde la fecha de publicación de la resolución que dispuso el sometimiento a concurso del patrimonio antes aludido

Respecto del Sistema Concursal Peruano, en el específico caso del procedimiento de disolución y liquidación se advierte como objetivo primordial el realizar los activos del patrimonio concursado (13) –cuyo valor se supone mayor fuera del mercado que dentro del mismo–, a efectos de, rápidamente, pagar con lo obtenido, el pasivo debido, logrando de esta manera no solo el recupero del crédito, sino además la salida ordenada del mercado del patrimonio mencionado. Así, –como podrá vislumbrarse– cumpliendo el procedimiento de disolución y liquidación con su objeto inmediato, cumple asimismo, con aquél otro mediato y último que, –por lo demás– lo enmarca, a saber: la protección del crédito

. Limitaciones a los acuerdos de disposición de acreencias laborales dentro de procesos concursales

Siendo un precedente administrativo de observancia obligatoria que dilucida una controversia suscitada entre la aplicación de diversas normas de naturaleza previsional, laboral, concursal y constitucional, referidos al tratamiento de los créditos laborales y previsionales en una situación de concurso, consideramos conveniente proceder a analizar los argumentos de la Sala de Defensa de la Competencia del INDECOPI, conforme al siguiente detalle:

La condonación de la totalidad de créditos concursados Precisa la Sala que la finalidad del procedimiento concursal es la superación de la situación de insolvencia económica y financiera por la que atraviesa el deudor y que se traduce en la falta de pago de sus obligaciones

. Los créditos laborales y previsionales en la Ley General del Sistema Concursal La Ley General del Sistema Concursal ha establecido, por ejemplo, en el numeral 2 de su artículo 69º, que se sanciona con invalidez la renuncia de los acreedores laborales a su orden preferente de cobro

El tratamiento de los créditos laborales y previsionales en la actual legislación nacional Conforme a lo señalado por la Sala, en el ámbito concursal se considera que son créditos laborales privilegiados con el primer orden de preferencia, además de las remuneraciones y los beneficios sociales de los trabajadores, aquellas obligaciones adeudadas a los sistemas privados de pensiones

La naturaleza del procedimiento concursal Señala la Sala que los procedimientos concursales constituyen mecanismos diseñados por el ordenamiento jurídico para la atención y solución de los conflictos que se generan cuando una persona natural o jurídica enfrenta una situación de crisis patrimonial y deviene en insolvente

Los Créditos post concursales

la Sala Concursal estableció que «el fuero de atracción de créditos que opera en los procedimientos de disolución y liquidación comprende todas las obligaciones del deudor concursado, con prescindencia de la fecha en que se devengaron, a fin de incorporarlas en una única masa pasible de un mismo tratamiento dentro del concurso. Su vocación es comprensiva de todos los créditos, pues en una empresa en liquidación se debe intentar recuperar los créditos adeudados dentro de un solo marco que al mismo tiempo consolide una distribución eficiente de los perjuicios originados por la crisis entre todos los acreedores"

Diversas resoluciones del Tribunal del Indecopi, señalaron hasta que momento se podía realizar dicho reconocimiento, así a través de la Res. Nº 2272-2007/ TDC-INDECOPI (14.12.2007), la cual es un precedente de observancia obligatoria, se estableció que en los procedimientos de disolución y liquidación, la Comisión de Procedimientos Concursales resulta competente para reconocer los créditos devengados desde la fecha de publicación de la situación de concurso hasta la declaración judicial de quiebra del deudor. De tal manera, que la nueva disposición modificatoria precisa, que en los procedimientos de disolución y liquidación serán susceptibles de reconocimiento los créditos post concursales, hasta la declaración judicial de quiebra del deudor o conclusión del procedimiento concursal.

Convocatoria y celebración de Junta de Acreedores

Mayorías requeridas para la adopción de acuerdos

La Ley inicialmente señalaba que los acuerdos de la Junta de Acreedores relacionados al inicio de una reestructuración patrimonial del deudor, a la disolución y liquidación del mismo, al acuerdo de aprobación del Plan de Reestructuración, del Convenio de Liquidación y del Acuerdo Global de Refinanciación, y sus modificaciones, así como aquéllos para los que la Ley General de Sociedades exija mayorías calificadas

Instalación de la Junta de Acreedores

En el lugar, día y hora indicados en la convocatoria, se procederá a instalar la Junta. A tal efecto se requerirá en primera convocatoria la presencia de acreedores que representen más del 66,6% de los créditos reconocidos. En la segunda convocatoria, la Junta se instalará con la presencia de los acreedores reconocidos que hubieren asistido.

Representación de acreedores en las Juntas

La representación del acreedor persona jurídica podrá ser ejercida por su representante acreditado o por cualquier persona a quien éste delegue su representación mediante carta poder simple con firma legalizada.

Junta de Acreedores

en la Junta de Acreedores, se decidirá la cuestión más importante del procedimiento concursal como es el destino final del patrimonio del deudor sometido a concurso de acreedores

Convocatoria

La citación a Junta deberá señalar el lugar, día y hora en que ésta se llevará a cabo en primera y segunda convocatoria. Entre cada convocatoria deberá mediar dos (2) días hábiles.

Importancia del orden de prelación de créditos

orden

Quinto Orden de Preferencia: créditos comunes Los créditos no comprendidos en los órdenes precedentes; y la parte de los créditos tributarios que, conforme al literal d) del artículo 48.3 de la Ley, sean transferidos del cuarto al quinto orden; y el saldo de los créditos del tercer orden que excedieran del valor de realización o adjudicación del bien que garantizaba dichos créditos

Cuarto Orden de Preferencia: créditos tributarios Los créditos de origen tributario del Estado, incluidos los del Seguro Social de Salud - ESSALUD, sean tributos, multas, intereses, moras, costas y recargos.

Tercer Orden de Preferencia: créditos garantizados Los créditos garantizados con hipoteca, garantía mobiliaria, anticresis, warrants, derecho de retención o medidas cautelares que recaigan sobre bienes del deudor, siempre que la garantía correspondiente haya sido constituida o la medida cautelar correspondiente haya sido trabada con anterioridad a la fecha de publicación a que se refiere el artículo 32º de la Ley

Segundo Orden de Preferencia: créditos alimentarios Los créditos alimentarios, hasta la suma de una (1) Unidad Impositiva Tributaria mensual.

Primer Orden de Preferencia: créditos laborales (Remuneraciones y beneficios sociales adeudados a los trabajadores, aportes impagos al Sistema Privado de Pensiones o a los regímenes previsionales administrados por la Oficina de Normalización Previsional (ONP), la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador u otros regímenes previsionales creados por ley así como los intereses y gastos que por tales conceptos pudieran originarse)

Cuando una persona natural o una empresa es sometida a un concurso de acreedores, resulta importante determinar claramente el orden de prelación de los créditos, a fin de determinar la preferencia en el pago de las deudas. El Derecho busca que los acreedores vean honrados sus acreencias, pero de una manera ordenada, pronta y simplificada, pero para ello se debe de establecer legalmente un rango de preferencia

Reconocimiento de créditos

Los acreedores deberán presentar toda la documentación e información necesarias para sustentar el reconocimiento de sus créditos, indicando los montos por concepto de capital, intereses y gastos liquidados a la fecha de publicación del aviso, e invocar el orden de preferencia que a su criterio les corresponde con los documentos que acrediten dicho orden, debiendo adjuntar una declaración jurada sobre la existencia o inexistencia de vinculación con el deudor.

Los créditos que se sustenten en títulos valores o documentos públicos serán reconocidos por la Comisión por el solo mérito de la presentación de dichos documentos, suscritos por el deudor siempre que su cuantía se desprenda del tenor de los mismos, salvo que considere que requiere mayor información.

Los créditos que se sustenten en declaraciones o autoliquidaciones presentadas ante entidades administradora de tributos o de fondos previsionales, suscritas por el deudor, serán reconocidos por su solo mérito.

créditos invocados por acreedores vinculados al deudor y en aquéllos en que surja alguna controversia o duda sobre la existencia de los mismos, el reconocimiento de dichos créditos solamente podrá ser efectuado por la Comisión, la que investigará su existencia, origen, legitimidad y cuantía por todos los medios, luego de lo cual expedirá la resolución respectiva.

Los créditos de origen laboral podrán ser presentados, para su reconocimiento, por su representante titular ante la Junta, designado conforme a las normas de la materia o, en forma independiente, por cada acreedor titular del crédito.

Publicaciones e inexigibilidad de obligaciones

La prohibición de ejecución de bienes no alcanza a las etapas destinadas a determinar la obligación emplazada al deudor. La autoridad competente continuará conociendo hasta emitir pronunciamiento final sobre dichos temas, bajo responsabilidad

Consentida o firme la resolución que dispone la difusión del procedimiento, la Comisión de Procedimientos Concursales del INDECOPI dispondrá la publicación semanal en el Diario Oficial El Peruano de un listado de los deudores que, en la semana precedente, hayan quedado sometidos a los procedimientos concursales.

La suspensión durará hasta que la Junta apruebe el Plan de Reestructuración, el Acuerdo Global de Refinanciación o el Convenio de Liquidación en los que se establezcan condiciones diferentes, referidas a la exigibilidad de todas las obligaciones comprendidas en el procedimiento y la tasa de interés aplicable en cada caso, lo que será oponible a todos los acreedores comprendidos en el concurso.

A partir de la fecha de la publicación, se suspenderá la exigibilidad de todas las obligaciones que el deudor tuviera pendientes de pago a dicha fecha, sin que este hecho constituya una novación de tales obligaciones, aplicándose a éstas, cuando corresponda, la tasa de interés que fuese pactada por la Junta de estimarlo pertinente. En este caso, no se devengará intereses moratorios por los adeudos mencionados, ni tampoco procederá la capitalización de intereses

Inicio de Procedimiento Concursal Ordinario

Inicio a solicitud del acreedor

GARANTÍAS Los acreedores no podrán promover el Procedimiento Concursal Ordinario por obligaciones impagas que se encuentren garantizadas con bienes del deudor o de terceros, salvo que el proceso de ejecución de dichas garantías resulte infructuoso.

Si uno o varios acreedores impagos cuyos créditos exigibles se encuentren vencidos, no hayan sido pagados dentro de los treinta (30) días siguientes a su vencimiento y que, en conjunto, superen el equivalente a cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias vigentes a la fecha de presentación, podrán solicitar el inicio del Procedimiento Concursal Ordinario de su deudor

Inicio a solicitud del deudor

Si el solicitante fuera persona natural, sociedad conyugal o sucesión indivisa, no acompañará la documentación detallada. La información y documentación presentadas deberá ser suscrita por el representante legal del deudor.

El deudor acompañará a su solicitud un Resumen Ejecutivo fundamentando el inicio del Procedimiento Concursal Ordinario, la viabilidad económica de sus actividades, de ser el caso y los medios para solventar las obligaciones adeudadas

Si el deudor solicita su acogimiento al Procedimiento Concursal Ordinario al amparo del literal a), pero tiene pérdidas acumuladas, deducidas reservas, superiores al total de su capital social, sólo podrá plantear su disolución y liquidación.

deberá expresar la petición de llevar a cabo una reestructuración patrimonial o una disolución y liquidación

Cualquier deudor podrá solicitar el inicio del Procedimiento Concursal Ordinario

Comisión de Procedimientos Concursales

creadas en virtud de los convenios que se celebren con las instituciones, son competentes para conocer los procedimientos concursales regulados en la Ley General del Sistema Concursal

El objetivo de la Ley

objetivos principales

La protección del crédito

Permanencia de la unidad productiva

El patrimonio de la empresa.

lo que se busca es que a través de un análisis de la situación del insolvente, se asigne los recursos de manera eficiente, esto es, si es viable aún mantener el patrimonio del deudor, reasignándose una nueva lista de pagos a sus acreedores o bien liquidar la empresa o patrimonio del deudor y hacer el pago correspondiente a sus acreedores.

La Ley General del Sistema Concursal

los principales cambios efectuados a la explicación que realizaremos sobre la normatividad.

aquel que regula los mecanismos de cobranza cuando concurre más de un acreedor sobre el patrimonio de un mismo deudor, ha atravesado por distintos tratamientos legales