por isabella bernal 4 anos atrás
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El 0,1 % de las fincas que superan las 2000 hectáreas ocupan el 60 % de la tierra. En 1960 el 29 % de Colombia era ocupado por fincas de más de 500 hectáreas, en el 2002 la cifra subió a 46 % y en 2017 el número escaló al 66 %. De los 111,5 millones de hectáreas censadas, 43 millones tienen uso agropecuario, mientras que 63,2 millones se mantienen con superficies de bosques naturales. De las 43 millones de hectáreas con uso agropecuario, 34,4 están dedicadas a la ganadería y solo 8,6 a la agricultura.
Estos procesos dejan como consecuencias en las comunidades y en las organizaciones que no se pueden reparar. La gente pierde tierras, desplazamiento forzado y muchos dirigentes de la organización campesina victimizados.
es la oficina estatal que se encarga de dirigir la política nacional en cuanto a minería, hidrocarburos e infraestructura energética. Su titular es designado por el Presidente de Colombia.
Durante los años de movilización social en contra de la adjudicación de la licencia, los líderes de este movimiento han recibido amenazas de muerte, trato despectivo e instigaciones verbales, aseguran.
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) le otorgó una licencia ambiental a la sociedad Proyectos de Ingeniería y Geología Colombiana (Proingecol S.A.S.) y a la empresa Proacol, para explotar arenas, gravas, tierra y minerales en el río Magdalena, ignorando las peticiones de la comunidad.
No solo la tierra está siendo afectada por la minería ilegal, también el recurso más preciado de nuestro planeta se está envenenando.
Los mineros decantan el oro con mercurio que luego es depositado en los ríos y que contamina el agua que está en contacto directo con seres vivos y que también beben las personas que viven en los municipios.
La minería ilegal en Colombia es un cáncer que mata todo lo que toca. Detrás de esta fiebre por el oro y los metales preciosos se está causando uno de los más grandes daños ambientales al país e inclusive al planeta:
desde el espacio a más de 700 kilómetros de distancia ya se pueden ver grandes desiertos de tierra que ha matado este sector ilegal en nuestro país, hectáreas y hectáreas de tierra muerta en la ciénaga, chibolo, pueblo viejo entre otros municipios en el Magdalena.
Uno de los más grandes impactos de esta actividad ilegal en el medio ambiente es el uso que se le da a las “maquinas amarillas”, o buldóceres, que los “mineros”, que se hacen llamar ancestrales (aunque esto no es más que un eufemismo para disimular la ilicitud),
alquilan hasta por dos millones de pesos al día para barrer toda la capa vegetal y de vida buscando oro, sin ningún permiso del Estado y sin respetar las zonas ambientales que están protegidas por este.
De acuerdo con el Grupo de Dialogo sobre Minería en Colombia (GDIAM) la minería ilegal es la que “no dispone del correspondiente título minero vigente o de la autorización del titular de la propiedad en la que se realiza y que, además, no cumple con al menos uno de los requisitos exigidos por la ley:
la licencia ambiental, las normas laborales, ambientales, de seguridad o de salubridad industrial; la capacidad técnica necesaria o el pago de regalías o de las contraprestaciones económicas exigidas para el aprovechamiento de los recursos naturales”.
(principalmente narcotráfico, minería ilegal y extorsión) con miras a obtener beneficios económicos, además comete delitos en otros Estados diferentes a Colombia y el caso de la Silla, pues, es el carácter ilícito del tráfico de drogas donde hay un contexto de abandono del Estado y donde está permitida la violencia para proteger el negocio.
Los que toman las decisiones son las Organizaciones Criminales, Eso es lo que pasa en estos momentos en Santa Marta.
